SANTO DOMINGO.– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidirá el próximo jueves si la jueza Isis Muñiz será confirmada o apartada del conocimiento de la medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10 mil dólares como soborno de un testigo del Ministerio Público.

Muñiz fue recusada por la defensa del investigado, que alega que la magistrada participó en un elemento clave de prueba dentro del proceso, específicamente en la entrega controlada del presunto dinero del soborno, lo que, a su juicio, compromete su imparcialidad para conocer el caso.

“A raíz de una recusación que tuvimos que hacerle a la juzgadora, porque participó en un elemento de prueba que entendemos la limita para conocer el proceso. Ella tuvo contacto con el dinero, con videos y con evidencias a las que ni siquiera la defensa ha tenido acceso”, explicó la barra de la defensa.

La magistrada es presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y fue elegida para conocer la coerción del fiscal.

La recusación fue enviada al órgano competente, en este caso la Suprema Corte de Justicia, que designó al juez Francisco Jerez Mena para estudiar el expediente y presentar su recomendación ante el pleno de la alta corte.

En su solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara habría ejercido presión directa sobre el testigo Roberto Canaán para obtener dinero a cambio de influir en el proceso vinculado a un presunto caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Según el expediente, el imputado mantuvo insistencia para concretar el pago exigido y, el 18 de marzo pasado, presionó al testigo con la frase: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando además una fecha límite para la entrega del dinero.

La investigación también establece que el fiscal habría utilizado información privilegiada sobre vínculos personales y propiedades del testigo para colocarse en una posición de dominio durante la negociación.

De acuerdo con la acusación, Valdez Alcántara propuso alterar el curso del proceso a cambio de un beneficio económico, que inicialmente habría ascendido a 200,000 dólares, suma que luego se redujo a 150,000 dólares.

El expediente también indica que el imputado exigió un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz, modelo 350 o 450, como parte del supuesto acuerdo ilícito.

El Ministerio Público ha solicitado la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción, mientras avanza la investigación contra el funcionario.