La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró este lunes que la defensa de los imputados por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) no ha podido destruir las pruebas de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Ortiz habló al salir de la audiencia preliminar que conoce la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, quien aplazó para el próximo viernes la continuación del proceso, a fin de seguir escuchando a los abogados de los imputados.

Luego de escuchar a todas las partes, la magistrada decidirá si envía o no a juicio al exdirector del Intrant, Hugo Beras; a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez); y a los demás implicados en el denominado Caso Camaleón.

La procuradora de corte recalcó que la realidad de la audiencia es que la defensa no ha podido, con ninguno de sus alegatos, destruir las pruebas de la acusación.

“Han huido de puntos relevantes de los hechos, como el uso de documentos falsos para lograr contrataciones con el Estado, haber cooptado la contratación pública y monopolizarla en el Intrant mediante empresas a nombre de terceras personas, utilizando prestanombres, cuando el beneficiario final era José Ángel Gómez Canaán”, manifestó la titular del Pepca.

Indicó además que la defensa tampoco ha logrado desmontar las pruebas ni los alegatos del Ministerio Público relacionados con el uso indebido de nombres de personas que han declarado ante el órgano acusador y que testificarán en el tribunal, afirmando que nunca cedieron ni prestaron sus identidades para contratar con el Estado dominicano ni con Gómez Canaán.

Los implicados en el Caso Camaleón están acusados de presuntos delitos de sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo.

Entre los imputados figuran, además de Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S., Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas.

También están vinculados al caso Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

El Ministerio Público acusa al grupo de integrar una red de corrupción y crimen organizado, vinculada a delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad, entre otros.

Asimismo, en el expediente figuran las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L..

El Ministerio Público asegura contar con 406 pruebas que sustentan la acusación, incluyendo evidencias testimoniales, periciales, documentales y materiales, con las que solicita que los implicados sean enviados a juicio.

Se recuerda que la semana pasada el Ministerio Público dio lectura a la acusación ante la jueza Yanibet Rivas. Durante el proceso se detalló la presunta participación de cada uno de los imputados dentro de una supuesta red criminal de corrupción, en el marco del inicio de la audiencia preliminar del Caso Camaleón.