El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dio inicio este lunes al juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados del colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, que cobró la vida de 236 personas y dejó a más de un centenar de heridos.

El magistrado Raymundo Mejía abrió la sesión con el pase de lista y la presentación de calidades de la defensa, el Ministerio Público y los representantes legales de las víctimas y querellantes.

La audiencia fue retomada hoy, lunes 16, luego de que el pasado 12 de enero el tribunal acogiera un pedimento de los abogados de las víctimas, quienes alegaron no haber sido notificados formalmente de la acusación. Ante la magnitud del proceso, el juez Mejía advirtió que, si bien es un caso de tramitación compleja, no permitirá que el proceso caiga en un «ciclo infinito de aplazamientos».

El Ministerio Público, representado por la Dirección General de Persecución y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, imputa a los hermanos Espaillat los delitos de homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias.

El tribunal dispuso que una vez notificados, los querellantes tendrán 30 días para presentar sus escritos, adherirse a la acusación o presentar una acusación alternativa.

Sostuvo que, concluido el periodo anterior, se otorgarán 30 días a la defensa técnica para que produzca sus escritos de defensa y presente sus pruebas.

El juez informó que se estableció un calendario, que incluirá el lunes 23 de marzo y que, si en esos dos días no concluye la audiencia preliminar, entonces se agrega otro lunes.

El juez también fijó para el 30 de enero, una petición de diligencias presentada por los propietarios de la discoteca Jet Set, quienes buscan la realización de un nuevo peritaje para determinar las causas del colapso estructural ocurrido en el establecimiento.

El juez fue enfático al señalar que, aunque se trata de un caso de tramitación compleja con múltiples víctimas, el tribunal no permitirá que el proceso se convierta en un ciclo infinito de aplazamientos.

El magistrado reconoció que existen víctimas que aún no han sido localizadas y otras que no han recibido el expediente acusatorio, lo cual vulnera su derecho fundamental a intervenir en el proceso.

«El tribunal tiene la obligación de preservar el derecho de la víctima. Es una garantía que el tribunal debe cuidar, al igual que el derecho a la defensa de la parte imputada. Es una tutela de ambos derechos fundamentales», afirmó Mejía.

Un llamado a la cooperación de los abogados

El juez Mejía, quien destacó su experiencia manejando casos de gran envergadura, advirtió a los profesionales del derecho que deben mantener un «papel activo» y cooperar con la logística del tribunal.

«Estoy cansado de conocer casos complejos con muchas víctimas y, gracias a Dios, dan resultado porque no permitimos que el proceso se está aplazando por lo mismo. Si ustedes no cooperan, siempre se van a omitir las competencias de la ley», advirtió con firmeza.