Santo Domingo. La oposición política dominicana, particularmente el partido Fuerza del Pueblo (FP), enfrenta un momento de incertidumbre y falta de cohesión ante el manejo de la crisis haitiana y la política migratoria que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader. Pese a haber criticado duramente al oficialismo por “politizar” el tema, sectores opositores ahora se han sumado, aunque con evidentes reservas, al diálogo convocado en el Consejo Económico y Social (CES).

Luego de una reunión el pasado miércoles 14 de mayo entre el presidente Abinader y los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, se anunció que los exmandatarios participarán en la primera reunión del CES para abordar la situación migratoria. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo —liderada por Fernández— no ha definido claramente si respalda oficialmente esta estrategia, lo que ha generado cuestionamientos internos y en la opinión pública.

El exvicepresidente y dirigente de la FP, Rafael Alburquerque, ha planteado que el diálogo debe servir para investigar las presuntas mafias fronterizas que facilitan la entrada irregular de haitianos. Por su parte, Carlos Amarante Baret, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reconoció que el tema haitiano “inmoviliza” a la oposición y lo calificó como una “trampa política” diseñada para fortalecer la imagen del gobierno.

Desde el oficialismo, la participación de la oposición es vista como un respaldo implícito a la agenda gubernamental. Funcionarios y voceros del PRM han celebrado la iniciativa, mientras que en la FP se percibe falta de entusiasmo y discrepancias internas.

Manolo Pichardo, titular de Asuntos Internacionales de la FP, denunció que el gobierno busca “compartir su fracaso” en la gestión migratoria y “embarrar” a la oposición con los costos políticos de la crisis. En un artículo publicado en Listín Diario, advirtió que el propósito del diálogo es más cosmético que sustantivo.

Sector empresarial exige regularización

En paralelo, sectores económicos clave como Acoprovi y el sector bananero han reclamado la creación de un plan de regularización laboral para la mano de obra extranjera, mayoritariamente haitiana, debido a las afectaciones causadas por las deportaciones masivas.

Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), se pronunció a favor de emitir permisos laborales para trabajadores extranjeros bajo un esquema temporal, una práctica común en otras naciones.

Sin embargo, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, aclaró que esta medida no forma parte de la agenda actual del gobierno ni de las 15 acciones migratorias anunciadas el pasado 6 de abril. A pesar de esto, el expresidente Hipólito Mejía y el PLD han manifestado su apoyo a un plan de regularización.

Críticas por uso político del tema

Tanto el PLD como la FP han reiterado sus críticas a lo que consideran una politización del tema migratorio por parte del gobierno. El 28 de abril, Fernández sostuvo que la crisis haitiana “es un problema demasiado serio para prestarse a la politiquería”, y urgió a que sea abordada como una verdadera política de Estado.

La situación migratoria derivada del colapso institucional en Haití sigue siendo el principal tema de debate público en el país. Mientras el gobierno consolida su discurso en torno al control fronterizo, la oposición parece estancada, sin una propuesta clara ni unidad de criterio frente a un problema de alta sensibilidad nacional.