Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, a través del Senado, dos importantes proyectos de ley: uno sobre la persecución y judicialización de las organizaciones criminales y otro relacionado con la atención, representación legal y protección de víctimas, testigos y sujetos en riesgo.

La primera iniciativa busca enfrentar uno de los mayores desafíos de la región y el país: el combate al crimen organizado en sus diversas formas. Su objetivo es garantizar la integridad del Estado social y democrático de derecho. La ley propuesta establece reglas claras para la detección, persecución, judicialización y sanción de los delitos relacionados con la criminalidad organizada, alineándose con los estándares internacionales. Entre las actividades delictivas incluidas en esta legislación se encuentran el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, entre otras. Además, la ley tipifica las organizaciones criminales como agrupaciones de dos o más personas que se dedican a actividades ilícitas con el fin de obtener beneficios económicos o de cualquier otra índole.

La segunda propuesta de ley tiene como propósito abordar la realidad de exclusión y desprotección que enfrentan las víctimas, testigos y otros sujetos en riesgo, quienes a menudo se ven impedidos de acceder a la justicia debido a barreras socioeconómicas. Este proyecto busca crear un marco jurídico que garantice su atención integral, representación legal y protección, respondiendo así a una de las principales carencias en la protección de los derechos humanos en el país.

Ambas iniciativas buscan fortalecer el sistema de justicia y contribuir a la seguridad y bienestar de la sociedad, enfrentando las amenazas del crimen organizado y protegiendo a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.