Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó, tras declararlo de urgencia, el proyecto de ley que establece el Presupuesto General del Estado para el año 2025. La iniciativa, que asciende a un billón 681,728 millones de pesos, fue sometida a dos lecturas consecutivas, con algunas modificaciones, y será enviada al Senado para su discusión final.
El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, destacó el exhaustivo trabajo realizado por la Comisión Bicameral encargada del análisis del presupuesto, la cual está compuesta por legisladores de ambas cámaras. Esta comisión presentó un informe positivo que permitió avanzar con el proceso legislativo.
Por su parte, el diputado Francisco Paulino, quien lidera la Comisión Bicameral, aseguró que el proyecto logra un balance entre los ingresos y egresos proyectados, detallando cómo serán distribuidas las partidas presupuestarias. Según Paulino, la prioridad de este presupuesto es la inversión en la población, con especial énfasis en reducir los índices de pobreza. «El gasto de inversión propuesto busca beneficiar directamente a las personas más vulnerables, cumpliendo con uno de los principales objetivos del Gobierno central para el próximo año», afirmó el legislador.
Sin embargo, la aprobación del presupuesto no fue bien recibida por la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que expresó su preocupación ante la rapidez con que se aprobó el proyecto. Los diputados del PLD aseguraron que el presupuesto no aborda adecuadamente las necesidades fundamentales de la nación ni los desafíos económicos actuales.
La oposición también señaló que la deuda pública consolidada de la República Dominicana ha aumentado en US$25,509.9 millones desde 2019 hasta septiembre de 2024, alcanzando un total de US$75,916.8 millones. Este incremento refleja, según los opositores, una preocupante dependencia del endeudamiento para cubrir déficits fiscales recurrentes.
Mediante un comunicado de prensa, el PLD manifestó que el proyecto de presupuesto no está alineado con las prioridades establecidas por el Consejo de Ministros en su reunión del 27 de noviembre de 2024, que identificó diez metas clave para el período 2024-2028, como la mejora del sistema educativo y la reducción de la informalidad laboral.
Críticas similares fueron expresadas por la Fuerza del Pueblo (FP). El diputado Rafael Castillo, vocero de este bloque, también cuestionó la iniciativa aprobada, aunque las críticas de la oposición no fueron suficientes para frenar la votación.
Con el paso del proyecto a la Cámara del Senado, se espera que continúen los debates sobre su contenido y las implicaciones de sus disposiciones.
