SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público reveló que el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la Custodia de Armas y Municiones de la Policía Nacional, recibió dinero en efectivo a través de una mochila entregada por un cabo identificado como Rosario, quien operaba en el contrabando de municiones a Haití.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, los beneficios ilícitos obtenidos por Féliz Romero le permitieron adquirir un jeep Kia Sorento y comenzar la construcción de un inmueble en Bonao, en la provincia Monseñor Nouel. El informe detalla que el coronel era un visitante recurrente de la Intendencia de Armas de la Policía.

En un informe publicado en 2023, el Grupo de Expertos de la ONU señaló que la mayoría de las armas en circulación en Haití provienen de la República Dominicana y Estados Unidos. La investigación apunta a una red criminal que extraía municiones y armas de alto calibre, que luego eran vendidas a agentes de la policía y civiles, incluidos extranjeros.

El Ministerio Público también detalló que el coronel Féliz Romero estaba involucrado en la venta de armas, principalmente pistolas Glock, a oficiales y particulares. Los compradores pagaban en efectivo, y el dinero era entregado a uno de los implicados, el capitán Nelson Valdez, quien a su vez lo distribuía entre los miembros de la red criminal, incluidos el propio coronel Féliz Romero.

La organización también se dedicaba al tráfico de municiones de diferentes calibres, lo que involucraba no solo a policías, sino también a civiles. La red fue desmantelada durante la operación Pandora, que permitió la detención de varios oficiales, entre ellos los capitanes Juan Miguel Pérez Soler, Nelson Valdez y Víctor Manuel Santos Rodríguez, así como el teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, y otros miembros clave de la estructura criminal.

En cuanto al auditor Víctor Manuel Santos Rodríguez, se le acusa de alterar los resultados de una auditoría realizada en febrero, con el fin de encubrir la sustracción de municiones. Posteriormente, Santos Rodríguez intentó manipular los informes de la auditoría al percatarse de la investigación en curso, pero la acción fue detectada por las autoridades.

Este caso pone de manifiesto la corrupción y el alcance de una red criminal que operaba desde dentro de la misma Policía Nacional, involucrando a varios de sus miembros en actividades ilegales relacionadas con el tráfico de armas y municiones.